22/10/2026
EL MARCO LEGAL DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN PÚBLICA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALES
Obligaciones legales, control gubernamental, transparencia y responsabilidad en la continuidad de la gestión pública
Por Econ. Javier Quiroga B.
La transferencia de gestión pública en los gobiernos regionales y municipalidades del Perú constituye una obligación legal orientada a garantizar la continuidad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas durante la renovación de autoridades. Su principal fundamento es la Ley N.º 30204, Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y su modificatoria, que establece las bases para una transferencia ordenada entre administraciones sucesivas. Este proceso no debe reducirse a la entrega formal de documentos, sino permitir que las nuevas autoridades conozcan la situación administrativa, presupuestal, financiera, patrimonial y operativa de la entidad que reciben.
El marco jurídico se complementa con la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que regulan la organización, competencias, funciones y responsabilidades de las autoridades regionales y locales. Ambas normas constituyen referentes fundamentales para comprender la estructura institucional y las obligaciones de gestión que deben mantenerse durante la transición. En ese sentido, el cambio de autoridades no extingue los compromisos institucionales, las obligaciones contractuales ni las responsabilidades vinculadas con la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, la Ley N.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece el marco del control gubernamental. En concordancia con ello, la Contraloría ha emitido la Directiva N.º 016-2022-CG/PREVI, «Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión», aprobada mediante Resolución de Contraloría N.º 267-2022-CG y modificada posteriormente, que regula los mecanismos, informes, formatos y actuaciones correspondientes. Estos instrumentos permiten organizar, registrar y transparentar información institucional, sin sustituir la necesidad de verificar su integridad, consistencia y correspondencia con la realidad de cada entidad.
Un aspecto especialmente relevante del marco legal es el régimen de responsabilidades administrativas, civiles y penales que puede derivarse de conductas irregulares durante la transferencia. La omisión de información, el incumplimiento de obligaciones legales, la ocultación de contingencias o la alteración de documentación pueden generar responsabilidades, según la naturaleza de los hechos y los presupuestos establecidos en la legislación aplicable. Por ello, tanto las autoridades salientes como los funcionarios responsables deben actuar con diligencia, veracidad y transparencia, mientras que las autoridades entrantes deben verificar la información recibida, documentar las observaciones y adoptar las medidas que correspondan.
Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen principios esenciales de una transferencia de gestión legítima y responsable. El cumplimiento de la normativa y de los procedimientos establecidos por la Contraloría no debe entenderse únicamente como una exigencia formal, sino como un mecanismo para fortalecer el control de los recursos públicos, preservar la memoria institucional y facilitar decisiones informadas. En el contexto de la renovación de autoridades regionales y municipales, una transferencia realizada conforme al marco legal, con información completa y verificable, contribuye a prevenir riesgos, fortalecer la gobernabilidad democrática y garantizar que la continuidad del Estado prevalezca sobre los cambios políticos.
